El Tribunal Supremo admite a trámite la demanda para suspender la 'Ley Sinde'
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo en el que la Asociación de Internautas impugnaba el Reglamento de la denominada 'Ley Sinde' y solicitaba su suspensión cautelar.
La sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha comunicado este miércoles a las partes implicadas que admite a trámite la demanda y da diez días al Abogado del Estado para que evalúe la petición de suspender de forma cautelar el reglamento. El recurso solicitaba la suspensión de la puesta en práctica de la 'Ley Sinde' "hasta que exista una opinión judicial que la avale".
La Asociación de Internautas impugnó la ley Sinde por considerar que atribuye a un órgano administrativo (la comisión de propiedad intelectual) competencias asignadas por ley a los jueces.
Asimismo, la asociación cree que la comisión de propiedad intelectual establece "infracciones difusas y sanciones sin la habilitación legal precisa, creando una notable inseguridad jurídica que pone en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos" como las libertades de expresión e información.
La demanda también denunciaba que la 'Ley Sinde' contradice sentencias de los Tribunales Supremo y Constitucional al desarrollar leyes como la del Comercio Electrónico, la Propiedad Intelectual y de la Jurisdicción Contenciosa.
La sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha comunicado este miércoles a las partes implicadas que admite a trámite la demanda y da diez días al Abogado del Estado para que evalúe la petición de suspender de forma cautelar el reglamento. El recurso solicitaba la suspensión de la puesta en práctica de la 'Ley Sinde' "hasta que exista una opinión judicial que la avale".
La Asociación de Internautas impugnó la ley Sinde por considerar que atribuye a un órgano administrativo (la comisión de propiedad intelectual) competencias asignadas por ley a los jueces.
Asimismo, la asociación cree que la comisión de propiedad intelectual establece "infracciones difusas y sanciones sin la habilitación legal precisa, creando una notable inseguridad jurídica que pone en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos" como las libertades de expresión e información.
La demanda también denunciaba que la 'Ley Sinde' contradice sentencias de los Tribunales Supremo y Constitucional al desarrollar leyes como la del Comercio Electrónico, la Propiedad Intelectual y de la Jurisdicción Contenciosa.
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